|
Una
década después, la ley seca que ha mantenido los muros de
Los Ángeles limpios de grafitis ha terminado. Ahora ya son
legales, siempre y cuando pasen por el infierno burocrático.
Para pintar un muro privado se debe tener el permiso del dueño
del edificio. Luego, pagar 60 dólares y el compromiso de no
utilizar el mural para ningún fin comercial, ni promover odio,
racismo o pornografía. Además, hay que avisar a los
inquilinos con 14 días de antelación y rellenar un
formulario de 10 páginas. Parece más complicado que
conseguir un arma.
Así es como la ciudad que se preció ser la capital
mundial del arte urbano es la nueva capital del arte urbano
burocratizado. "Es una complicación. Tienes que esperar y
cumplimentar formularios, mientras tu espíritu de artista lo que
te pide es pintar inmediatamente", dice Nuke, legendario grafitero que
lleva trabajando en la ciudad desde los años ochenta. Kristy
Sandoval, que pintó el primer mural aprobado oficialmente por el
ayuntamiento, coincide. "Es un proceso larguísimo y bastante
complicado. A mí me ayudó una organización a
cumplimentarlo todo".
¿Están dispuestos los grafiteros de Los Ángeles a
pedir permiso, rellenar un formulario, pagar 60 dólares y
registrar su obra en una oficina municipal antes de ponerse a trabajar?
¿Son conciliables el arte callejero y la burocracia? La
respuesta es obvia. El arte mural es espontáneo y la vía
oficial para pintar en la calle no convence al colectivo de artistas
urbanos, a juzgar por los datos que arroja el balance de un año
de ordenanza: sólamente 12 murales "oficiales" se han pintado,
mientras que 14 permanecen pendientes de aprobación y 8 han sido
rechazados o borrados tras ser pintados fuera de la ley.
"Entiendo que para muchos muralistas se trata de una burocracia
molesta, que no quieren tener que registrarse, esperar...", dice Isabel
Rojas-Williams, historiadora del arte y principal impulsora de la ley.
"Pero entonces ellos deberán entender que sus obras no
perdurarán, que serán algo transitorio porque
serán borradas por el ayuntamiento en cuestión de
semanas".
Isabel Rojas-Williams trabaja desde hace tres años como
directora ejecutiva de Mural Conservancy, una asociación que
desde 1987 se ocupa de la restauración de los murales más
antiguos e históricos de la ciudad, además de promover la
información sobre este arte con charlas y visitas. "Como nueva
que es, claro que tiene fallos, y estamos todos aprendiendo con ella",
reconoce en referencia a la ley que ayudó a poner en marcha
junto con el concejal del distrito 14, José Huizar.
La organización auspiciada por Nuke, UPPA (siglas en
inglés de United Painters and Public Artists), también
colaboró en la redacción de la ordenanza, que,
según denuncia, se estaba preparando de espaldas al 80% de los
muralistas de la ciudad. "Estoy de acuerdo en que se regule, pero creo
que se ha llevado lejos de las manos de los propios artistas.
Necesitamos estar más involucrados".
La naturaleza del grafiti es ilegal, “es algo intrínseco a
este arte", considera Emmanuel Audelo, de la consultora sobre espacio
público mexicana Habitajes y coordinador del último
festival de grafiti de Los Ángeles Barrio Roots.
"Una vez que un mural se pinta, ya no pertenece al artista: pertenece a
la comunidad y es la comunidad, los vecinos, los que deben decidir si
lo quieren o no. Muchas veces la ciudad se transforma y el mural
desaparece. Por alguna razón, hay murales que dejan huella y la
gente lucha por conservarlos, y otros que desaparecen".
En 2002 el ayuntamiento de Los Ángeles, anegado de litigios y
problemas con grandes compañías que defendían su
derecho a utilizar murales con fines comerciales, decidió
prohibir de un plumazo toda expresión artística en los
muros de la ciudad. Isabel Rojas-Williams comenzó una
campaña con el departamento de asuntos culturales del
ayuntamiento para defender los derechos de los muralistas.
Entendía que la prohibición atentaba directamente con la
primera enmienda de la constitución de EEUU, aquella que
garantiza la libertad de expresión, y que era injusto meter en
el mismo paquete a anunciantes y artistas.
El pasado mes de julio un colorido mural del grupo musical Foster the People, que reproducía la portada de su álbum Supermodel
fue borrado a pesar de las 12.000 firmas –además del
propio alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti- pidieran
clemencia. La oficina encargada de aprobar su registro rechazó
la petición al entender que una cubierta de un disco era una
promoción, además de considerar que el edificio donde se
realizó estaba protegido como pieza histórica
arquitectónica.
"El arte urbano está ligado a la historia de esta ciudad desde
los años treinta", explica Rojas-Williams. "En esos años
el presidente Roosevelt decidió ayudar a los artistas en plena
depresión, con un sistema de comisión de murales". Los
muros de Los Ángeles han servido como grandes lienzos donde los
artistas han dado salida a su narrativa. Desde los murales del
movimiento chicano de los setenta, en lugares como Estrada Courts
(aquel desafiante Che que gritaba: "We are not a minority"),
hasta el naif "Going to the olympics", de Frank Romero del 84.
Muchos de estos trabajos están desprotegidos y sufriendo un
deterioro, algo a lo que también intenta dar respuesta la nueva
ley con un sistema de "grandfathers" o padrinos, para evitar que los
murales mueran.
Hay otras ciudades con este debate sobre la mesa. Berlín o
Taiwán han optado por designar áreas y muros especiales
en los que se permite pintar. En el resto de paredes de la ciudad la
actividad está prohibida y perseguida. Estocolmo mantiene una
política de tolerancia cero con penas de hasta un año de
cárcel.
Audelo y Nuke coinciden en que la escena angelina está viviendo
un resurgir en lo que a arte urbano se refiere, y que en eso
está teniendo poco que ver la aprobación de la ley. "La
ley ayudará de cierta forma, pero no se le pueden poner candados
al arte callejero. Seguirán coexistiendo los dos ámbitos:
el legal y el ilegal", augura Audelo.
.
|
|
|
